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Anticorrupción pide imputar a exaltos cargos de Junta y dirigentes de CCOO y UGT por el ERE de Altadis

Fuente:www.kaosenlared.net

En un escrito elevado al Juzgado, el Ministerio Público pide a la magistrada que cite como imputadas a once personas en relación al ERE de Altadis, entre ellas los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez.

Agencias

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez Mercedes Alaya que cite a declarar como imputados por delitos de prevaricación, falsedad y malversación a varios altos y exaltos cargos de la Junta y a dirigentes de CCOO y UGT en relación a la ayuda de más de 22 millones de euros otorgada por la Junta a la multinacional del tabaco Altadis para financiar las prejubilaciones de sus trabajadores en el marco del expediente de regulación de empleo ejecutado en el año 2005.

   En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide a la magistrada que cite como imputadas a once personas en relación al ERE de Altadis, entre ellas los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, el actual director general de IDEA, Antonio Valverde, a uno de sus antecesores en el cargo, Miguel Ángel Serrano, y a la exasesora de Empleo María José Rofa.

   De igual modo, y para evitar una posible prescripción de los delitos, solicita a la juez que dicte resolución y cite a declarar como imputados al exresponsable de Recursos Humanos de Altadis José Luis Relea y a varios dirigentes sindicales que firmaron el 3 de diciembre de 2004 el acuerdo del que derivó posteriormente el compromiso de pago asumido por la Junta, como son, por parte de UGT, el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y Blanca Uruñuela, y por CCOO, Antonio Perianes y Francisco Figueroa.

   La Fiscalía, que también reclama dar traslado de las actuaciones a UGT, CCOO y Altadis como responsables civiles subsidiarios, argumenta su petición "en tanto no sea resuelta de manera definitiva por la Audiencia Provincial" su solicitud de formación de piezas separadas, "muy especialmente las piezas relativas a todas y cada una de las ayudas sociolaborales y ayudas directas dadas a empresas".

   En este sentido, recuerda los datos recogidos en el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas y asevera que es "consciente" de que "a la fecha no consta la confección e incorporación a las actuaciones de gran parte de los informes" de la Dirección General de Seguros y de la Guardia Civil sobre los expedientes de ayudas sociolaborales financiados por la Junta con cargo a los programas 22E y 31L.

   Así, y "con la finalidad de avanzar en la instrucción y evitar dilaciones innecesarias", la Fiscalía considera que "existen elementos suficientes" para que "se proceda ya a formular imputación contra personas que de forma indiciaria hayan participado en los hechos delictivos objeto de investigación"; para que se adopten medidas cautelares de naturaleza real "que aseguren el mayor retorno posible de fondos públicos por aquellas entidades que se hayan beneficiado presuntamente de forma ilícita", y para ordenar la práctica de diligencias de instrucción para el esclarecimiento de los mismos.

   Anticorrupción relata que fue el 7 de noviembre de 2005 cuando Guerrero remitió un escrito a los compañías aseguradoras "comprometiéndose al abono de 26 millones de euros como pago de primas de las pólizas suscritas para 173 extrabajadores de Altadis", tras lo que, "con la finalidad de materializar los pagos de las primas", Guerrero, por parte de la Dirección General de Trabajo, y Serrano, por parte de IDEA, suscribieron el 19 de febrero de 2008 un convenio de colaboración.

   El 20 de mayo de 2009, el entonces director general de Trabajo Juan Márquez dictó una resolución concediendo determinadas ayudas sociolaborales individuales a los extrabajadores de Altadis por importe de 20,1 millones de euros mediante el pago de las primas ya reseñadas y encomendado para ello a la agencia IDEA, tras lo que el 4 de noviembre de 2010 Daniel Rivera y Antonio Valverde suscribieron un acuerdo de extinción del convenio reseñado anteriormente.

PAGOS CRUZADOS

   Finalmente, y según la Fiscalía, los pagos realizados por IDEA hasta el año 2010 suman 20,4 millones de euros, "a los que habría que añadir la cantidad de 1,8 millones mediante los denominados 'pagos cruzados' ordenados por Guerrero".

   Anticorrupción recuerda el informe pericial elaborado por la Intervención General del Estado, que asegura que "esta ayuda pudiera constituir una subvención a la empresa y no a los trabajadores, ya que la obligación de pago legalmente corresponde a ésta al derivar de compromisos asumidos durante el proceso de extinción de la relación laboral de sus trabajadores", de manera que la Junta "se habría hecho cargo del pago de obligaciones propias de la empresa".

   Además, y según dicho informe, "no consta en el expediente examinado la existencia de ningún análisis económico realizado por la Junta que ponga de manifiesto si estas ayudas, en sí mismas, eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario, especialmente en lo que se refiere a que la empresa no tuviera capacidad económica para hacer frente, en todo o parte, a las obligaciones asumidas por la Junta".

"NULIDAD DE PLENO DERECHO"

   La Fiscalía añade que, según el informe pericial, "en la concesión de esta subvención se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo que pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho", a lo que se suma que "no se han publicado por la Junta ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvenciones concedidas" por la Consejería de Empleo.

   Asimismo, "no consta la existencia de ninguna norma dictada por la Junta en la que publiciten estas ayudas y se establezcan los criterios de selección de los beneficiarios, así como los baremos, límites y condiciones de las subvenciones a conceder para la financiación del coste de los ERE, por lo que los sistemas elegidos" por Empleo para determinar "tanto a la empresa elegida como los importes a financiar son totalmente discrecionales".

   Por todo ello, y además de las citaciones como imputados de los exaltos cargos de la Junta, la Fiscalía reclama que se requiera a la Junta "para que aporte todas las agendas de las personas imputadas en la presente causa que desempeñen o hayan desempeñado cargo o puesto en la misma en el periodo objeto de investigación", así como que se oficie a la Dirección General de Seguros y a la Guardia Civil para que entreguen los informes relativos a Altadis.

RECLAMA UN REFUERZO DEL JUZGADO

   Igualmente, solicita que se oficie a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz para que entregue todos los escritos remitidos por la Junta en relación al conflicto sociolaboral de los trabajadores de Altadis.

   Por último, la Fiscalía asegura conocer "lo limitado de los recursos humanos y materiales" del Juzgado de Alaya "y el innegable y prolongado esfuerzo que se realiza por todo el personal del mismo", por lo que reclama que, "de ser acordadas las diligencias que se proponen, deberá procederse a un importante refuerzo" del mismo.

 

La Junta de Andalucía exige 1,8 millones de euros a UGT por subvenciones sin justificar

Fuente:www.elperiodico.es

El montante se refiere solo a dos expedientes de los 21 que tiene abiertos el sindicato

 
JULIA CAMACHO / Sevilla

Jueves, 5 de junio del 2014 - 19.04 h

El consejero de Economía de Andalucía, José Sánchez Maldonado, en un acto el pasado martes en Sevilla.

La Junta de Andalucía reclama 1,8 millones de euros en firme al sindicato UGT por ayudas mal justificadas concedidas desde la Dirección de Políticas activas de Empleo entre el 2010 y el 2011. Se trata de dos expedientes de los veintiuno que la central tiene abiertos en el Ejecutivo autonómico para revisar el uso indebido de algunas ayudas, cuantificadas en 15,2 millones de euros. La investigación interna, abierta tras destaparse el escándalo de las facturas falsas en la organización sindical, va paralela a la que realiza el juzgado de Mercedes Alaya, que además de los ERE instruye una causa bajo secreto de sumario sobre la gestión del sindicato.

El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, que ostenta las competencias en materia de Empleo, acudió este miércoles a la comisión parlamentaria para dar cuenta del estado de los expedientes, aunque como le reprocharon IU y PP, ofreció datos incompletos e incluso confusos y no aclaró si se exigirán responsabilidades a los responsables sindicales. De hecho, fue IU quien cuantificó el montante total de los 21 expedientes abiertos, y posteriormente criticó que se exhiba como “hazaña de colaboración” haber dado una información que han solicitado los tribunales. Así, los socios de gobierno lamentaron la falta de mecanismos de control desde hace tiempo en un área que “es un desastre”, y subrayaron que se ha estado actuando siempre a remolque de peticiones judiciales o policiales.

El escándalo por las irregularidades contables de UGT, mezclado con un duro ERE interno, abrió el sindicato en canal y acabó costando la cabeza de su secretario regional, Francisco Fernández Sevilla. Las informaciones filtradas internamente desde la central pusieron de manifiesto cómo se gastó dinero de formación para desempleados y trabajadores en comilonas en la Feria u organización de actos sindicales, incluyendo maletines falsificados para repartir en un congreso. Hasta el momento el sindicato ya ha devuelto dos facturas cobradas indebidamente por valor de 25.000 euros.

A esta cantidad se suman ahora el 1.800.722 euros correspondientes a dos ayudas por un total de 10,2 millones de euros concedidas entre 2010 y 2011. Es decir, deberá devolver el 17,5 por ciento de la subvención, aunque la cantidad podría aumentar en breve. Y es que la consejería está a punto de terminar los trámites de otros dos expedientes por irregularidades en fondos de los programas de asesoramiento laboral de los años 2009 y 2010. Unas anomalías cuantificadas inicialmente en otros 1,8 millones de euros, aunque falta por ver cuanto puede justificar UGT. Son los informes de reintegro más avanzados, dado que quedan otros 16 en distintas fases de alegaciones por parte de la central, y uno más en fase inicial de validación de la justificación. La documentación referida a parte de estos expedientes ya está en manos de la jueza Alaya, según Sánchez Maldonado, quien defendió en varias ocasiones la “transparencia y rigor” de su departamento.

 

¿Desnutrición? No, pobreza y niños que comen poco y mal

Fuente:www.eldiario.es

El presidente madrileño, Ignacio González, ha justificado su rechazo a abrir los comedores escolares en verano con el argumento de que "no hay desnutrición"

La Asociación Española de Pediatría y la Defensora del Pueblo centran el problema en los menores en riesgo de exclusión que no reciben en casa una alimentación equilibrada

El 27% de los hogares españoles no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, según el INE

España, segundo país europeo con menor capacidad para atajar la pobreza infantil

España, segundo país europeo con menor capacidad para atajar la pobreza infantil. \ Efe

"Antes de que le sirva el plato ya me dice que quiere repetir". Mayte, monitora de comedor de un colegio público del distrito de Barajas, habla de uno de los niños que están en su mesa. Tiene ocho años y probablemente la de la escuela es la única comida completa que hace al día. "Siempre –observa– me busca con la mirada cuando ve que ha sobrado algo y, si me voy a otra mesa, enseguida me reclama".

Cuando la monitora se dio cuenta de que situación se repetía día tras día, decidió hablar con el director del centro. El caso de este niño no era el único en el cole. Ni tampoco en el resto de escuelas. En el colegio público La Latina, en el barrio de Aluche, se pueden contar hasta 20 familias que tienen deudas con la empresa de comedor. "Pasan por muchísimas dificultades a la hora de abonar las mensualidades, aunque sean cantidades irrisorias porque tienen beca. Se me cae el alma a los pies cuando tengo de decirles que ya no pueden comer en el cole", explica Sonia, la secretaria del centro.

Desde 2011, todas las familias madrileñas están obligadas a pagar al menos una cuota reducida para que sus hijos coman en la escuela. La gratuidad no llega ni siquiera a los casos más extremos: los hogares que sobreviven con la Renta Mínima de Inserción (375 euros) y que deben abonar 1,20 euros diarios por cada menú.

España es el segundo país de la Unión Europea con más pobreza infantil, sólo por detrás de Rumanía, según el informe de Cáritas Europa sobre el impacto social de las medidas de austeridad aplicadas en los países más golpeados por la crisis, presentado en marzo en Atenas. Un 29,9% de los españoles menores de 18 años viven al borde de la exclusión social. Un porcentaje que se amplía hasta el 33,8% en el último informe de la ONG Save the Children, hecho público un mes después. 

En este contexto y ante la llegada de las vacaciones, la Defensora del Pueblo ha recomendado esta semana a todos los Gobiernos autonómicos que los comedores escolares atiendan este verano a los menores en situación de mayor vulnerabilidad. El objetivo es que estos niños "no se vean privados de una alimentación adecuada cuando termine el curso".

Muchas comunidades –Canarias, Extremadura, Cataluña o Andalucía– están en ello, y el año pasado ya pusieron en marcha planes especiales para garantizar una correcta alimentación de los niños durante el verano. Y la iniciativa no parte sólo de las administraciones. También algunas ONG como Ayuda en Acción organizan actividades de ocio y campamentos infantiles con becas de comedor, que esperan ampliar los próximos meses en ciudades como Cornellá, Madrid y Palma apelando a la colaboración de la ciudadanía. 

¿Malnutrición o desnutrición?

Sin embargo, todas estas iniciativas han conseguido menos repercusión que las palabras que utilizó el presidente de Madrid, Ignacio González, para rechazar en el Parlamento autonómico la propuesta de que los comedores permanezcan abiertos para atender a esta población en riesgo. "Aquí no hay un problema de desnutrición infantil", aseguró. Unas declaraciones que más tarde fueron jaleadas desde algunos medios de comunicación y desde la cuenta del PP de Madrid con esta frase: "La izquierda lleva la farsa de la desnutrición hasta la Asamblea".

La trampa en las palabras de González es evidente, pero ha servido para cuestionar la dimensión de una de las consecuencias más tangibles de la crisis y los recortes. Los informes hablan de malnutrición, que no es lo mismo que desnutrición. La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria describe la desnutrición como "un déficit de nutrientes, por falta de ingesta o de absorción, mientras que la malnutrición es una alimentación desequilibrada, por defecto o por exceso". Y aclara que la desnutrición, un verdadero drama en muchos países, no es un problema en España, aunque cada vez son más las personas que acuden a las consultas con graves problemas económicos que afectan a la vida de sus hijos. Las becas de comedor, el colchón familiar y el reparto de alimentos son las únicas alternativas a disposición de estos hogares para que los niños ingieran las proteínas que necesitan.

En casa de Verónica y Rafael, la beca de comedor ha sido un salvavidas. "Hasta hace poco tiempo prácticamente no comía porque siempre tuve claro que lo que hubiera sería para mis niños", reconoce ella, que en unos meses ha perdido 14 kilos. En su hogar no entran ingresos y, con el menú del colegio, se asegura de que sus hijos, de 12 y 9 años, hacen una comida completa al día. "Ahora sólo tengo que preocuparme de los desayunos y las cenas", suspira como quitándose un gran peso de encima.

Pero el problema no se reduce a aquellos niños que no comen suficiente, que encajarían en un cuadro de subnutrición. Muchos de ellos comen, pero mal. Un bollo barato tiene muchas calorías, pero no los nutrientes que necesita un niño para crecer sano. De hecho, uno de los parámetros que tiene en cuenta el índice AROPE, que se utiliza para medir la pobreza, es si la persona puede permitirse al menos una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. Según este índice, en 2013 el 27,3% de la población española estaba en riesgo de exclusión social.

Ingresos anónimos para cubrir deudas con el comedor

"Desde hace dos años, algunas familias del centro están ingresando dinero de forma anónima en la cuenta del comedor para ir subsanando las deudas de los hogares que no pueden pagarlo. Es una situación muy complicada. Y, para verla, solo hace falta bajar del despacho a la realidad, a un cole o a la oficina de una trabajadora social", sostiene Sonia, que asegura que Servicios Sociales presta asistencia a varias decenas de las 300 familias del centro. "En el tercer trimestre, se han quedado sin presupuesto porque están desbordados", señala.

En Madrid, el Gobierno de Ignacio González ha congelado para 2014 el presupuesto destinado a estas becas y en dos años las ayudas han pasado de llegar a 120.000 alumnos a alcanzar solo a 52.000, según los sindicatos. El presupuesto reservado para apoyar a las familias con más necesidades se ha reducido a la mitad: de 32 millones de euros a 16. Un tijeretazo que, según Ana González, secretaria de Política Social e Igualdad de CCOO, "tiene consecuencias dramáticas" para una región en la que más de 200.000 niños se encuentran en riesgo de pobreza.

Para el curso próximo, sin embargo, el presidente de la Comunidad de Madrid ha anunciado un aumento de siete millones de euros en la partida destinada a becas de comedor y ha tratado de desmarcarse del argumento de su compañero de partido, Rafael Hernando, calificando de "repugnante" que se utilice a los niños para hacer "demagogia política". El portavoz adjunto del PP en el Congreso dijo el verano pasado que los casos de malnutrición que se dan en España son "una responsabilidad que corresponde a los padres".

En el CEIP La Latina, además de donaciones anónimas para pagar el comedor, también se han puesto en marcha otro tipo de mecanismos de apoyo a los hogares en situación precaria, como recogidas de alimentos, ropa o juguetes. "Las familias, dice Sonia, se muestran muy agradecidas con la comunidad educativa, que esta volcándose para rellenar los huecos a los que las becas, muy insuficientes para la situación social actual, no llegan".